La discusión en torno al penal de Challapalca no puede reducirse a consignas simplistas ni a posturas extremas que desconocen el marco constitucional vigente y los derechos fundamentales de la población tacneña. Existe consenso en que el sistema penitenciario peruano enfrenta un problema estructural grave: hacinamiento crónico, debilidad institucional del INPE y prácticas de corrupción, realidades advertidas desde hace años por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. No obstante, reconocer ese diagnóstico no obliga a aceptar soluciones que comprometan la paz social, el orden territorial y la gobernabilidad de la región Tacna.
La Constitución Política del Perú establece con claridad que el Estado debe garantizar tanto la seguridad ciudadana como el derecho de las personas a vivir en un entorno de tranquilidad y paz social (artículos 2, 44 y 195). En ese marco, los gobiernos regionales y municipales no son actores secundarios: la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.° 27867) y la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) les asignan competencias expresas en materia de seguridad ciudadana, orden interno, zonificación y desarrollo sostenible del territorio.
Tacna cuenta, además, con ordenanzas regionales y municipales que consagran la seguridad, la paz social y el desarrollo armónico como ejes prioritarios de la gestión pública. Estas normas no pueden ser desplazadas por decisiones centralistas que, bajo la etiqueta de “política de Estado”, terminan trasladando riesgos, tensiones sociales y procesos de estigmatización a una región que ya cumple un rol estratégico para la defensa, la seguridad y la soberanía nacional.
Es legítimo y necesario fortalecer el sistema penitenciario mediante la construcción de establecimientos de máxima seguridad. Sin embargo, dicha política debe sustentarse en criterios de descentralización equilibrada, estudios serios de impacto social y territorial, y un diálogo previo y vinculante con las autoridades y la población involucrada, conforme al principio de cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Pretender consolidar a Challapalca como eje permanente del sistema penitenciario nacional —o incluso como penal emblemático para delitos de corrupción— sin consenso regional ni evaluación integral, no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino políticamente irresponsable.
Del mismo modo, instrumentos como Obras por Impuestos pueden contribuir a acelerar la infraestructura penitenciaria, pero no eximen al Estado del cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad en la definición de la ubicación, función y alcance de los establecimientos penales. La experiencia de El Salvador no puede extrapolarse de manera mecánica a la realidad peruana, cuyo marco constitucional, estándares de derechos humanos y organización territorial responden a lógicas distintas.
El rechazo ciudadano y las medidas de protesta no nacen del capricho ni de una repetición acrítica de consignas, sino de la percepción legítima de que Tacna asume cargas que otros territorios no están dispuestos a aceptar. El paro, ciertamente, genera costos económicos y sociales; pero persistir en una política penitenciaria impuesta, sin diálogo ni ajustes, solo profundiza el conflicto y erosiona la confianza institucional.
La solución no pasa por el cierre demagógico de Challapalca ni por su mantenimiento como destino automático de traslados penitenciarios. Pasa por la instalación de una mesa técnica real, con capacidad efectiva de decisión, en la que el Gobierno Nacional reconozca que la paz, la seguridad y la dignidad de los ciudadanos de Tacna no son moneda de negociación. Toda reforma penitenciaria seria debe construirse sobre la base de la legalidad, el consenso y el respeto al territorio.